Hace un tiempo, un grupo de delincuentes colocaron un artefacto de banda magnética en la máquina de débito de una sucursal bancaria del área de Costa del Este. Este artefacto se fijó justamente sobre el lector de la máquina dejándola casi imposible de detectar a simple vista, ya que es un aparato muy bien camuflajeado. Esta banda magnética, se roba la identidad de los clientes y su número de contraseña. El pequeño dispositivo fue recuperado por un cliente del banco cuando colocó su tarjeta de débito por segunda ocasión ya que la pantalla no reflejaba ninguna actividad. La tarjeta se atoró y al halarla se quedó con el aparato en la mano. El cliente lo entregó a las autoridades y solicitó un mayor esfuerzo de la comunidad financiera, reveló una fuente del Ministerio Público en rueda de prensa.
La situación descrita, es una de las tantas situaciones delictivas que afectan al sector usuario de los servicios bancarios y que han ido en aumento, lo que ha llevado a la promulgación de nuevas leyes y decretos, ligados al análisis y manejo de información de inteligencia financiera, robusteciendo así nuestro sector bancario, pero en el mundo, producto de la creatividad criminal siguen surgiendo nuevas formas de fraudes que se han extendido al mundo digital.
Documentos falsos para financiamientos o arrendamientos financieros, cheques falsos, chequeras duplicadas y lo más actual, fraudes por internet: hackeos, phishing, o el pharming, han derivado en que nuestra Superintendencia de Bancos de Panamá adopte un rol preventivo de capacitar a las entidades financieras y clientes, incrementado mecanismos de análisis, prevención, inversión en tecnología y verificación en vías de mejorar los protocolos y procedimientos de los bancos que evitan sean objetos de tales afectaciones.
Sin embargo, a pesar de todas las medidas preventivas existentes y sanciones penales que oscilan entre seis a ocho años de prisión, se hace imperante introducir modificaciones a nuestro Código Penal, adicionando las nuevas formas de cometer delitos.
Los especialistas en el tema, consideramos que la banca en Panamá debe seguir subiendo escalones actuando de la mano de las autoridades para operar de manera segura, ya que es vital mantener la debida diligencia, implementar nuevos controles y reducir niveles de incidencias para que, de esa manera, algunas de ellas puedan ser evitadas. Pero más allá de esto, parte del problema es la concentración de funciones dentro de la estructura que evitan tomar partida de las debilidades y generar cambios correctos al crear métodos para prevenir las reincidencias.
Es nuestro deber exigir e impulsar la creación de nuevas leyes que vayan a la par de las nuevas conductas delictivas que aparecen y velar para que las instituciones y autoridades reguladoras se asesoren continuamente de la mejor forma para mantener la excelencia y solidez de nuestro sistema.
Sobre el autor
ROGER TEJADA
rtejada@ipal.com.pa
Egresado de la Universidad de Panamá (2008), ha desarrollado su carrera brindando asistencia legal a clientes del sector bancario (locales y regionales), financiero, gobierno, transporte, logística, retail y comunicaciones, en las áreas de Derecho Procesal Civil y Penal, además de Defensa de la Competencia y Protección al Consumidor.